Incumplimientos en ejecución de proyectos de vivienda rural a cargo de Fiduagraria: Contraloría General detectó 17 hallazgos fiscales por más de $4.250 millones
La Contraloría General de la Republica culminó una auditoría de cumplimiento a FIDUAGRARIA, en su rol como operadora del Programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), donde evaluó el uso y administración de recursos públicos que presentan rezagos de ejecución a 31 de enero de 2025, y como resultado se constituyeron 25 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen presunta connotación fiscal por un valor de $4.250 millones y 23 posible incidencia disciplinaria.
Además, se ordenó la apertura de una indagación preliminar y se trasladó uno de los hallazgos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El hallazgo fiscal más significativo de esta auditoría es por $1.857 millones y corresponde al Contrato de Obra No. 081 de 2023, celebrado por Fiduagraria con el Consorcio La Bendición, cuyo objeto era ejecutar 351 soluciones de vivienda rural.
Se evidenció en este caso que, a pesar del incumplimiento del contrato y las prórrogas otorgadas por Fiduagraria, el contrato no se cumplió y los recursos entregados a título de anticipo por la suma de $1.857.377.803,13 no han sido amortizados, ni devueltos por el contratista.
De acuerdo con el acta de visita fiscal adelantada durante los días 24 y 25 de abril del presente año, Fiduagraria señaló que a la fecha se habían materializado cinco (5) mejoramientos de vivienda, de las cuales no se tienen los recibos a satisfacción, ni su protocolización.
Una situación similar dio lugar a un hallazgo fiscal por más de $730 millones en el caso del contrato de obra No. 082 de 2023 celebrado con el Consorcio La Unción, al que se le entregaron a título de anticipo recursos por dicho valor, que no han sido amortizados, ni devueltos.
La Contraloría evidenció que, pese a las prórrogas otorgadas por Fiduagraria, el contrato no se cumplió, los anticipos no fueron amortizados ni reintegrados, y no se iniciaron gestiones ante la aseguradora. Las acciones correctivas fueron tardías e ineficaces, lo que genera posible responsabilidad fiscal y disciplinaria.
Deficiencias sistemáticas en la administración fiduciaria
La CGR advierte que los hallazgos detectados en esta auditoría de cumplimiento no corresponden a hechos aislados, sino que evidencian problemas estructurales y recurrentes en la administración de los recursos del programa de Vivienda de Interés Social Rural, que tiene como fin mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables del campo colombiano.
Los incumplimientos abarcan desde la etapa de planeación y estructuración, pasando por la ejecución contractual, hasta la ausencia de acciones efectivas para proteger los recursos públicos ante casos de incumplimiento por parte de los contratistas.
Además, se señala la falta de articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que ha dificultado la adecuada implementación del programa VISR y ha impactado negativamente el acceso de familias rurales vulnerables al derecho a una vivienda digna.
Se requieren acciones para recuperar los recursos
Ante los hallazgos fiscales y administrativos determinados, la Contraloría General reitera la necesidad de que Fiduagraria S. A. y el Ministerio de Agricultura actúen con prontitud para recuperar los recursos públicos comprometidos y adopten medidas correctivas contundentes que eviten la repetición de estas situaciones.
Incumplimiento material adverso
La CGR emitió un concepto de incumplimiento material adverso frente a la gestión fiscal de Fiduagraria, al constatar que la información presentada por la entidad no es conforme en aspectos fundamentales como el cumplimiento de la normativa vigente, la garantía del derecho a la vivienda digna y los principios de la función administrativa.
Entre las principales deficiencias detectadas se destacan:
Incumplimientos contractuales en la construcción de viviendas rurales, retrasos significativos en las fases de diagnóstico y estructuración de proyectos, falta de efectividad en los procesos de reclamación ante aseguradoras por incumplimientos de contratistas y falta de actualización de pólizas y amortización de anticipos.
