Opinión

Paro arrocero, entre la quiebra y el Gobierno Nacional

Autor: David Mora. Economista, Mgtr Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional, analista económico y docente universitario

Los arroceros del país entraron de nuevo a paro nacional este lunes 14 de julio y tienen toda la razón; el contrabando, las importaciones y los precios que impone el duopsonio molinero los está quebrando sin que el Gobierno Petro tome medidas para evitarlo, ni siquiera cumple los acuerdos logrados en el paro anterior.

Entre principios de diciembre de 2024 y finales de febrero de 2025 el precio que recibían los arroceros por carga de 125 kg había caído alrededor del 20%. En el centro del país el precio pasó de $235.000 pesos a $185.000 pesos promedio, mientras que, en los llanos orientales el precio pasó de $210.000 pesos a $175.000 pesos promedio. Sujetos en ambas zonas a menores precios según la humedad e impureza con la que se acepte el arroz.

Estos precios hicieron que los arroceros perdieran más de $1,5 millones de pesos por hectárea sembrada. Ante la negativa del Ministerio de Agricultura y de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) de establecer mecanismos y políticas que evitaran la quiebra, se vieron empujados a entrar a paro nacional.

El primer paro arrocero duró cerca de 15 días hasta que por fin llegaron a acuerdo con el Gobierno Nacional. El cual consistía en tres compromisos: (1) Crear un programa en el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) para el arroz con el fin de reconocer a los productores las pérdidas obtenidas, (2) inyectar recursos al Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA) para comprar la cartera y quitas de capital padecidas por los arroceros y (3) tomar medidas como revisar los TLC, examinar salvaguardias contra las importaciones, combatir el contrabando, impulsar las exportaciones, realizar compras públicas entre otras, para lograr un precio justo para la cosecha del primer semestre del año.

Pasaron cuatro meses desde el acuerdo y llegó primero el corte de la cosecha más importante del año, que el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno Nacional, así este diga que sacar unas resoluciones que no han beneficiado ni un solo productor es igual a cumplir.

La prueba del incumplimiento del Gobierno Petro está en que el precio de compra volvió a caer, ubicándose en $175.000 pesos para el centro del país y en $158.000 pesos para los llanos orientales. Haciendo que los arroceros pierdan más de $2 millones por hectárea sembrada. Con el agravante que el precio al consumidor final, a los hogares, no baja y cuando baja, como es el caso de las grandes superficies de bajo precio, es porque venden arroz con un 25% de partido. Negocio redondo.

El problema radica en la estructura del mercado nacional, donde la compra de arroz está concentrada por el duopsonio molinero, integrado por la Organización Roa Florhuila y el Grupo Diana que concentran alrededor del 85% del mercado. Quienes fijan los precios sacando ventaja de las importaciones vía TLC y del creciente contrabando.

En 2024 ingresaron al país importaciones de 282.000 toneladas métricas de arroz paddy, 58% más que el año anterior y 196.800 toneladas métricas de arroz blanco, 56% más que en 2023. Siendo EE.UU, Ecuador y Perú el origen del 99% de estas importaciones y sólo EE.UU representó el 60% de las mismas.

Entre enero y abril de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, las importaciones totales de arroz, de ambas referencias, han caído fuertemente en más del 76%. Explicado principalmente por la disminución de las importaciones provenientes de EE.UU en un 91% y en parte de Perú en un 93%, debido al represamiento de importaciones adquiridas por el duopsonio el año anterior para bajar el precio. Sólo han crecido las importaciones de Ecuador en cerca del 23%, sin contar el contrabando.

 

La estocada final para los arroceros es el creciente contrabando, que por su carácter ilegal no cuenta con registro oficial. Por tanto, la forma más precisa para de contabilizarlo es como el resultado de la diferencia entre el consumo percápita de arroz anual y el inventario percápita de arroz actual, si el inventario es mayor al consumo el precio debería bajar, pero si ocurre lo contrario y baja el precio, el diferencial podría ser contrabando.

 

El consumo por habitante promedio anual del país es de 46 kg según el DANE y de 39 kg según el duopsonio molinero. Por su parte, el seguimiento a los inventarios de arroz de los últimos seis meses arroja una cantidad por habitante de 11 kg menos respecto al consumo, por lo cual no debería caer el precio. Como el precio sigue cayendo, ese diferencial tendría que ser contrabando que ingresa principalmente por el Ecuador y el gobierno no hace nada. Si no es así, ¿Por qué cae el precio?

 

Esta es la situación de quiebra de nuestros arroceros, que se enfrentan al abuso de un mercado concentrado por un duopsonio al tiempo que compiten con importaciones por un lado y con contrabando por el otro. Ante los ojos complacientes del Gobierno Petro, que incumple los acuerdos, nada cambia y los empuja aún nuevo paro arrocero. ¡Tienen toda la razón!

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