Acuerdo Nacional: Cinco puntos, cinco errores.

Autor: David Mora, Economista, Mgtr Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional, analista económico y docente universitario.

El Gobierno Nacional lanzó el “Acuerdo mínimo contra la violencia y por la democracia” con cinco puntos de unidad con el objetivo de “respetar la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia, promover consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan la vida de las personas en Colombia” en el marco de cumplir la Constitución de 1991.

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Es cierto que el país necesita un gran acuerdo nacional, una amplia unidad de la población para salir adelante, para sacar a flote la nación cada vez más maltrecha, esa no es la discusión. La discusión radica en si los puntos propuestos por el Gobierno Petro son realmente factor de unidad, porque de no ser así, el tal Acuerdo Nacional “no existe” y será otro fracaso más para el gobierno. 

Veamos punto a punto.

Seguridad y erradicación de la violencia en el ejercicio de la política.

El punto habla de “desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios”. Aún cuando es correcto hacer un llamado al debate democratico y civilizado, es incorrecto meter el punto en el Acuerdo Nacional, debido a que se parte de la idea de que todo el país está descompuesto en la lucha de ideas, cosa que no es cierta.

Son tan solo dos sectores importantes de la dirigencia política nacional que compiten por el reparto burocrático los que azuzan a sus seguidores usando mentiras, adjetivos e improperios contra todo aquel que piense diferente a ellos; sectores encabezados por el presidente Gustavo Petro y el expresidente Alvaro Uribe Velez. El resto del país está pensando en sobrevivir, en salir adelante y tener una vida digna en el marco de las dificultades económicas y sociales que abundan en sus hogares y en sus empresas.

El resto del punto tampoco requiere de Acuerdo porque son tareas que el Gobierno Nacional, sea el que sea, debe cumplir porque tiene las herramientas y el ordenamiento legal para hacerlo como, “excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales”,“proteger la vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz”, “avanzar en la recuperación del control territorial” contra “grupos armados ilegales” y “desmantelar organizaciones criminales”, ¿Por qué no lo hacen?

Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral.

Hoy el único sector político que habla de modificar las “reglas de juego” electorales provienen del Pacto Histórico. Para esto no se necesita Acuerdo Nacional, solo se requiere que el jefe máximo del sector, el presidente Gustavo Petro, desautorice públicamente y sin titubeos a cualquier dirigente nacional del Pacto que esté en esa idea.

El punto también invita a “estudiar y construir consensos sobre el cambio en el sistema político y electoral para que sea más eficiente y transparente”. Cabe preguntarnos ¿qué entiende el Gobierno Nacional por sistema político? porque estamos en “democracia” de acuerdo a la Constitución que dicen no cambiar en el mismo Acuerdo. Cosa distinta es que esta no se cumpla en el entendido propio del concepto, donde “el poder reside en el pueblo soberano” y la mayoría decide sobre la minoría.

Problema que no se resuelve solo como propone el Gobierno, por la vía de fortalecer “los partidos políticos y movimientos políticos y para que mejore el sistema de financiación de las campañas políticas”; va mucho más allá, y está en la base de los problemas del país que es la ausencia de creación de riqueza nacional que vincule al pueblo en la producción para tener un trabajo e ingresos dignos, acceder a educación y cultura, es decir, tener independencia económica para tener independencia política.

Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto.

Es correcto plantear que “es necesario dar un impulso vigoroso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)” que reúne a 170 municipios donde viven 6,6 millones de colombianos. Lo incorrecto es amarrarlo al Acuerdo Nacional porque ese acuerdo ya existe; hay todo un marco legal y normativo con recursos aprobados para facilitar la atención de estos territorios y nadie está hoy en la idea de cambiar ese marco legal y normativo.

Entre estos están, el artículo 22 de la Constitución Política, el  acto legislativo 01 de 2016, el decreto ley 893 de 2017, las sentencias de la Corte Constitucional C-699/16, C-160/17, C-174/17 y C-730/17, el Plan Marco de Implementación (PMI) con su Plan de Acción y Seguimiento, los CONPES 3867/16, 3932/18,  4031/21 y 4094/22, el OCAD Paz, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida” que de acuerdo con su Plan Plurianual de Inversión y los presupuestos aprobados, se deben destinar más de $45 billones, a precios de hoy, durante los cuatro años de gobierno en estos territorios vía Reforma Rural Integral, ¿Qué más quieren?

Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el congreso de las reformas sociales.

Se busca la aprobación de las reformas propuestas por el gobierno pero esto ya está resuelto. Porque el Gobierno Petro, como los gobiernos anteriores, han usado la burocracia del ejecutivo para lograr mayorías en el legislativo, lo que ha permitido que la mayoría de sus proyectos de ley hayan sido aprobados.

El exministro de interior, Luis Fernando Velasco, en rendición de cuentas para la vigencia 2022 indicó que el Presidente sancionó 28 leyes, lo que calificó como un balance positivo. Incluida la regresiva Reforma Tributaria que le sacará a los colombianos de sus bolsillos cerca de $20 billones anuales desde 2023.

También, a su salida, calificó el segundo año de legislatura como “realmente exitosa”. No es para menos, según el exministro, al gobierno le aprobaron 20 proyectos de ley y quedaron vivos 15, “todos fundamentales”. Incluida la negativa Reforma Pensional, que usó a los veteranos sin pensión del país como carnada para empeorar la situación pensional de los jóvenes y mejorar el negocio financiero de los fondos privados, ya que, para transferir dinero del Estado a esta población vulnerable, sólo se requiere inyectar recursos al DPS y no de una reforma pensional.

Crecimiento económico con equidad – Transformación de la economía

Este punto debería ser el factor real de unidad nacional. El problema radica en que el punto repite la misma palabrería y lugares comunes de los gobiernos anteriores enfocados en acciones de carácter fiscal, del ejecutivo, sin proponer ni un solo cambio al modelo económico neoliberal imperante.

Un verdadero Acuerdo Nacional debe tener como punto de unidad que los colombianos ejerzamos control soberano sobre nuestra economía, lo que implica que los brazos de la política macroeconómica en materia fiscal, monetaria y cambiaria deben ponerse al servicio del desarrollo de la producción nacional en sectores que generen transformación y valor agregado como la industria, la construcción, la agroindustria y el agropecuario para crear empleos de calidad e ingresos dignos a la población y no, al servicio del capital extrajero como ocurre actualmente. 

En esta idea se deben juntar ampliamente todas las clases sociales que tengan un sentido patrio, democrático y progresista, como los obreros, campesinos, productores agropecuarios, intelectuales, comerciantes, constructores, industriales, trabajadores informales, artistas y estudiantes. 

Ese sí sería un verdadero Acuerdo Nacional, no como el propuesto que incluye cinco puntos con cinco errores.