Protestas en peajes del Meta: Solución o represión
Autor: David Mora, Economista, Mgtr Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional, analista económico y docente universitario.
Los cuatro peajes con protestas pacíficas y culturales en el departamento del Meta cumplieron más de 100 días sin voluntad de solución a sus justos reclamos por parte del Gobierno de Gustavo Petro, el mismo que recogió votos en campaña manoseando el eslogan “No más peajes”. El peaje que más lleva en protesta va a cumplir sorprendentemente 140 días y contando.
Entre héroes o villanos
Durante todo ese tiempo, las comunidades en protesta han beneficiado de muchas formas a los Llanos Orientales, no solo a su departamento. De entrada han logrado visibilizar a nivel nacional los diferentes abusos de los tres contratos de concesión vial que existen en su territorio junto con sus costosos peajes, no solo evidenciando el fracaso de la política de concesiones viales del país sino que han develado los falsos “beneficios” de infraestructura vial que iban a dejar las concesiones.
En el caso de las comunidades que protestan contra la Concesión Vial de los Llanos en los peajes de La Libertad, Ocoa e Iracá quedó claro que de cada $10.000 pesos que se entregan en sus peajes, $7.000 se van para pagar espuma, como honorarios, servicios públicos, operación y mantenimiento de las obras que ya están (Opex), nada nuevo y, tan solo $3.000 se van para pagar nueva infraestructura vial (Capex). Una total desproporción que solo ocurre en el Meta, con el agravante de que las pocas obras que va a realizar la concesión están atrasadas, deberían ir en un 48% según lo planeado y tan solo llevan el 19% según lo ejecutado.
En el caso de las comunidades que protestan contra la Concesión Covioriente en el peaje de Puente Amarillo, quedó claro que el Gobierno Nacional no tiene los soportes técnicos que demuestren la legalidad de la instalación de este; razón por la cual existe una demanda de acción popular que exige el retiro del peaje y que gracias a esta protesta, después de 5 años de interpuesta por fin se movió el proceso y ya culminó su etapa de conciliación, queda la etapa de pruebas y el fallo. Adicional se instauró una demanda de nulidad por la misma razón.
También se evidenció el negativo impacto económico que genera este peaje en la economía de Restrepo y Cumaral que, además de tener una dependencia del 68% y 42% respectivamente de su producción en actividades terciarias relacionadas con el turismo, tienen una fuerte relación con Villavicencio, haciendo que los habitantes paguen peaje todos los días para ejercer derechos fundamentales como la salud, educación superior, abastecimiento y trabajo.
Los manifestantes también demostraron que se puede protestar de forma pacífica y cultural, con argumentos sólidos sin necesidad de recurrir de forma equivocada a la violencia para dar a conocer su inconformismo. Sin duda, este comportamiento, sumado al rechazo generalizado de los llaneros contra estos peajes debido a años de abusos, les ha valido el apoyo de prácticamente el 100% de los habitantes.
En términos monetarios, a tarifas de hoy, con el tráfico de 2023 y de acuerdo a los días de protesta pacífica en cada peaje, se estima que las comunidades le han ahorrado a los Llanos Orientales poco más de $50.000 millones de pesos beneficiando así a productores agrarios, empresarios, transportadores y hogares de todos los sectores sociales. Esto debido a que el Gobierno Nacional se ha negado a atender con seriedad sus justos reclamos.
PEAJES AHORRO
OCOA $ 19.749.339.296
LA LIBERTAD $ 16.171.540.386
PUENTE AMARILLO $ 11.795.610.797
IRACÁ $ 3.000.000.000
TOTAL $ 50.716.490.478
*Aproximación, levantamiento de la vara es intermitente en rangos diarios de 6 a 10 horas. Fuente: Datos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Cálculos David Mora.
Entre solución o represión
Aparte de todos estos beneficios para las comunidades y demostrar la justeza de la protesta, los manifestantes también han propuesto soluciones viables, en el marco de la ley, al Gobierno Nacional en las mesas de concertación. Mesas que finalizaron por falta de voluntad de la ANI y el Ministerio de Transporte, que mientras se reunián en la Gobernación del Meta con el Comité No Más Peaje Puente Amarillo el 7 de noviembre, ese mismo día le radicaban a la gobernadora del Meta y a los alcaldes de Villavicencio, Acacias y Granada una solicitud de intervención con la fuerza pública en contra de los manifestantes.
Durante las mesas de concertación, mientras las comunidades de Puente Amarillo solicitaban con argumentos la viabilidad del retiro del peaje o la suspensión temporal del cobro, como lo ha hecho este gobierno y los anteriores en otros peajes del país y, las comunidades de La Libertad, Ocoa e Iracá solicitaban la liquidación o modificación del contrato de concesión IP 004 de 2015 debido al abusivo otrosí 10, el Gobierno Nacional decía no a todo, al tiempo que amenazaba con carcel y multas a los manifestantes. ¿Y el cambio?
Ese ha sido el verdadero actuar del Gobierno de Gustavo Petro durante los meses de protesta pacífica y cultural. Actuar al que se le sumó desde el día uno la Gobernadora Rafaela Cortés, quien a pesar de no tener competencia para darle solución a su pueblo, no ha escatimado ni un solo segundo para ejercer presión a los alcaldes para que levanten por la fuerza la justa protesta, además de apoyar públicamente a las concesiones viales.
Lejos de buscar solución lo que han hecho las autoridades es incentivar la represión. Tan cierto es esto, que el 12 de noviembre de forma ilegal, violenta y delincuencial, las concesiones viales intentaron retomar el cobro de los peajes por la fuerza, utilizando personal encapuchado, algunos armados con machetes y bloqueando las vías con sus vehículos sin permitir corredor humanitario con el fin de cercar a los manifestantes y, ninguna autoridad se ha pronunciado en contra de estos graves hechos. Ni siquiera han tenido la decencia de dar respuesta a la denuncia que las comunidades les radicaron el mismo día.
A pesar de la falta de voluntad del gobierno y de sufrir constante amedrantamiento, en la idea de agotar todas las instancias para lograr una solución, las comunidades de Puente Amarillo le radicaron el 2 de diciembre al Presidente Gustavo Petro una solicitud firmada por cerca de 22.000 habitantes para tener una reunión con él donde se les de por fin solución. A la fecha, no han recibido ninguna respuesta formal, no hay interés.
Agotadas las posibilidades de solución este año, queda la posibilidad de represión que muy seguramente se hará antes del 24 de diciembre, por presión del Gobierno Nacional y por orden del Gobierno Departamental que cumplirán los alcaldes municipales. Esto se hará a espaldas del pueblo, porque saben que están en fiestas de fin de año aprovechando así la falta de apoyo en los peajes ante un levantamiento con la fuerza pública.
De todas formas cuando haya la intervención, las comunidades saldrán y volverán con mayor fuerza y organización, con mayor experiencia y profundización de sus argumentos, por la sencilla razón de que no hubo solución sino represión, porque esa es la historia de los héroes y los villanos. Ustedes ya conocen el final.
