Justicia admitió solicitudes de medidas cautelares para proteger los derechos de cuatro asentamientos indígenas de Puerto Gaitán, Meta
El inminente riesgo de afectación territorial y la vulneración de los derechos ambientales que afrontan estas comunidades indígenas por cuenta del conflicto armado, motivaron a la Unidad de Restitución de Tierras a presentar las acciones judiciales a través de las cuales pretende que se ordenen medidas eficaces y oportunas para proteger a los pueblos ancestrales.
Acxan Duque, director de Asuntos Étnicos de la URT explicó que, “la urgencia de esta acción judicial obedece a la acelerada expansión de las actividades de arado en inmediaciones de los caños y el avance de procesos de deforestación en áreas de conservación. Además, según las denuncias de las autoridades tradicionales, las actividades agrícolas mecanizadas por parte de empresas agropecuarias, avanzan rápidamente y podrían haber consumado daños por intervenciones en las rondas hídricas”.
A esto se suma, que las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia, denunciaron que desde el año 2020 reciben constantes amenazas de muerte por parte de presuntos actores armados.
Los asentamientos indígenas pertenecientes a los pueblos Sikuani Sáliba y Piapoco están ubicados en un territorio que suma 102.000 hectáreas de las veredas: La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frío, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena en Puerto Gaitán, Meta. Allí, la Unidad evidenció los fenómenos de la deforestación, remoción e intervención de los bosques y vegetación natural de la ronda hídrica de los caños, ríos y lagunas en los territorios ancestrales.
En el territorio ancestral, se realizan quemas como método de remoción de cobertura vegetal, lo cual genera un alto riesgo de propiciar incendios forestales, disminuyendo la cobertura vegetal. Además, los procesos naturales que se presentan por la época de sequía y verano intenso hacen vulnerable la capa vegetal generando fuego incontrolable.
Gracias a las visitas técnicas que se realizaron a los predios privados que traslapan con el territorio ocupado por el pueblo Sikuani, actualmente cursan tres procesos sancionatorios por afectaciones a los recursos naturales debido a las actividades que se han realizado sin permiso de autoridad ambiental.
El director Duque manifestó que “tras analizar estas situaciones de gravedad y urgencia por la violación de los derechos ambientales de las comunidades indígenas, soportadas por la Unidad de Restitución de Tierras, el juez Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, consideró que la solicitud reúne los requisitos mínimos para su admisión y trámite, de conformidad con lo previsto en el art.152 del Decreto –Ley 4633 de 2011”.
Así las cosas, el juez dispuso la vinculación y notificación de las siguientes entidades para que en un término de cinco días se pronuncien en relación con la presente solicitud de medida cautelar: Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía del Meta, Municipio de Puerto Gaitán, Inspección de Policía de Puerto Gaitán, Personería Municipal, Gobernación del Meta, Cormacarena, Fiscalía General de la Nación, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Parques Naturales Nacionales, IGAC, ONIC, UNUMA, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y Registraduría Nacional del Estado Civil.
