Judicial
Pacto de cumplimiento propuesto por la Procuraduría para reubicar escuela fue aprobado por Tribunal Administrativo del Meta
El Tribunal Administrativo del Meta aprobó el pacto de cumplimiento propuesto por la Procuraduría General de la Nación para garantizar la reubicación de la escuela Nuestra Señora del Carmen de la vereda Pipiral, Meta, en un lugar donde no se generen riesgos que pongan en peligro la integridad de la comunidad educativa.
El acuerdo contempló una acción inmediata de carácter temporal para prevenir un posible desastre, consistente en hacer arreglos generales a la escuela tras el desprendimiento de rocas por una falla geológica en el sector y por trabajos en la vía, que en el 2018 generaron la fractura de un muro cuando los niños estaban en clase.
En segunda fase, y como una medida definitiva, se pactó la construcción de una nueva sede, en un plazo máximo de seis meses, en un sitio que reúna las condiciones de seguridad necesarias para albergar a los estudiantes, teniendo en cuenta que la escuela está ubicada en medio de dos vías altamente peligrosas y el riesgo es aún mayor en la época invernal dada la inestabilidad del terreno.
En el marco de los pactado se conformó un Comité de Verificación que deberá presentar informes bimestrales del cumplimiento de las actividades consignadas en el cronograma establecido.
Con esta actuación el ente de control busca proteger los derechos e intereses colectivos, pues pese a las numerosas reuniones y acciones adelantadas, y luego de que algunos miembros de la comunidad interpusieran una acción popular contra el municipio, la Concesionaria Vial Andina SAS (Coviandina), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no se han tenido avances en el proceso de reubicación.
El Ministerio Público recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas, y reiteró que su actuar está dirigido a mitigar el riesgo de afectación de los derechos reclamados por los accionantes.
