La Cámara también aprobó dos medidas que Carreño presentó junto con otros congresistas y que contaron con el aval del Gobierno Nacional. La primera excluye de los beneficios especiales del sometimiento a quienes tengan condena en firme por reclutar a menores de 18 años o utilizarlos para cometer delitos. La segunda establece un mínimo de diez años efectivos de privación de la libertad para quienes hayan tenido un papel determinante en el reclutamiento, sin beneficios que reduzcan ese tiempo.
Para Carreño Sánchez, estas medidas responden al dolor de las familias del Meta y del país a las que les han reclutado un hijo. Durante hoy miércoles, el proyecto pasa a conciliación, etapa en la que la Cámara y el Senado deberán acordar un texto común. El representante anunció que defenderá la inclusión de ambas medidas en el texto final.
