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Justicia ordena restituir 305 hectáreas a familia cristiana que fue hostigada por las Farc, debido a sus creencias religiosas

Tribunal Superior de Bogotá reconoció la calidad de víctimas de abandono y despojo forzado a tres hermanos y ordenó la restitución de cinco predios rurales en La Macarena, Meta.

Después de 19 años de abandono forzado de sus predios como consecuencia de la presión ejercida por la guerrilla de las FARC, tres hermanos y sus familias integrantes de la iglesia cristiana Universal de Jesucristo, recuperaron sus tierras ubicadas en zona rural de La Macarena, Meta.

En el año 2004, los tres reclamantes y sus esposas adquirieron de manera individual cinco predios que suman 305 hectáreas, en donde residían y además en uno de estos instalaron la iglesia en la que ejercían labores ministeriales.

La tragedia para ellos comenzó meses después, cuando guerrilleros del frente Yarí de las Farc-EP, les prohibieron reunirse y predicar, aduciendo que los cristianos advertían a la población sobre el riesgo de la presencia guerrillera en la zona. A las constantes presiones se sumaron los asesinatos de un pastor y de tres miembros de esa iglesia a finales de 2004, por lo tanto, se vieron obligados a cerrar el templo.

Otro hecho de hostigamiento se configuró cuando uno de los hermanos fue elegido concejal de La Macarena y las Farc-EP, de inmediato lo declaró objetivo militar y en consecuencia el entonces cabildante huyó hacia Villavicencio, para salvaguardar su vida.

Y como si fuera poco el sufrimiento para los integrantes de esta familia religiosa, las Farc reclutaron a uno de sus integrantes, quien días después se escapó de las filas de esa organización y se entregó al Ejército junto con el fusil. Alias “Camilo” o “El Paisa” obligó a esta familia, pagar $25 millones por el arma de dotación y debido a que no contaban con el dinero para cumplir con esta exigencia, no tuvieron más remedio que vender una de las fincas en el año 2015.

“Una vez presentaron la solicitud, la Unidad de Restitución de Tierras, ejerció la representación judicial de estas víctimas de abandono forzado de tierras, logrando que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la restitución jurídica y material de los predios”, señaló César Santoyo, director de la de la URT en Meta.

Así mismo, la justicia declaró que los segundos ocupantes del predio que fue vendido, actuaron de buena fe exenta de culpa y, en consecuencia, seguirán habitando en ese predio mientras que el reclamante, será compensado con una nueva vivienda.

Agregó el director Santoyo, que “además de la restitución material de los predios, los ahora beneficiarios de restitución recibirán proyectos productivos y tendrán derecho a las diferentes medidas de reparación integral por parte del Estado”.

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