Judicial

Comerciante desterrado de Puerto Alvira en Mapiripán, será compensado con nueva vivienda

Un comerciante de víveres y de combustible quien fue obligado a abandonar su predio ubicado en la inspección de Puerto Alvira, en Mapiripán, será compensado por la Unidad de Restitución de Tierras. Así lo contempla el fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, que declaró víctima de desplazamiento al adulto mayor y ordenó medidas para su reparación integral.

En 1996 este hombre dedicado a la comercialización gasolina y de productos de la canasta familiar, comenzó a habitar el predio de 256 metros cuadrados que le otorgó la Junta de Acción Comunal. Allí construyó dos habitaciones, cocina  sala comedor y dos baños que compartía con su único hijo.

El comerciante fue objeto de extorsión por parte del  frente 44 de las FARC que le fijó como vacuna la entrega mensual de 10 tambores de gasolina o el pago de $3 millones. Las Constantes presiones, sumadas a la incursión paramilitar en el año 2008, motivaron al adulto a abandonar el predio que habitó por 16 años y a emprender la huida hacia Villavicencio para salvaguardar su vida y la de su hijo.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, indicó que con el paso del tiempo y la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, el comerciante solicitó el acompañamiento de esta entidad que ejerció su representación judicial, logrando así que la justicia emitiera sentencia a su favor.

“En esta sentencia, el juez ordena a la Unidad la aplicación de la compensación como medida reparadora, debido a que el reclamante no podrá retornar al predio por ser un adulto mayor quien sufre de diabetes, recientemente fue sometido a una cirugía de corazón abierto, ya perdió el arraigo y aún teme por su seguridad”, explicó Santoyo.

Así las cosas, la URT a través del grupo Fondo, le comprará una vivienda de similares características a la que abandonó por cuenta del conflicto armado, mientras que el inmueble de Puerto Alvira, pasará al inventario de los bienes baldíos de la nación.

Gracias a la sentencia, el Estado saldará la deuda con esta víctima de la violencia quien actualmente reside en un albergue en Bogotá. “Ahora este hombre podrá tener una vejez digna porque además, tendrá acceso a la oferta institucional y recibirá atención con enfoque diferencial”, puntualizó Santoyo.

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