El alcalde de Villavicencio Alexander Baquero manifestó su preocupación
por la obligación impuesta por el pasado Gobierno nacional a los municipios de
asumir el costo de la alimentación de las personas privadas de la libertad
(PPL) recluidas en centros de detención preventiva.
El mandatario denunció que la Administración municipal
recibió un ultimátum para garantizar los recursos necesarios para cumplir con
esta obligación, lo que, según afirmó, implicaría destinar recursos que hoy
están previstos para la inversión social, la educación y las obras en el
territorio.
Según las proyecciones, atención de las personas
privadas de la libertad y los indiciados que se encuentran en centros de
detención preventiva podría ascender a $15.000 millones en 2027.
La medida establece que los municipios deben garantizar
desayuno, almuerzo, cena y refrigerios, además de brindar acompañamiento
psicosocial a esta población.
“Vamos a dar la pelea, como capitales, para que nos
ayuden, porque no tenemos plata para premiar a quienes se dedican a delinquir”,
sostuvo el mandatario.
Baquero cuestionó que esta responsabilidad sea
trasladada a las administraciones locales y señaló que, de acuerdo con la ley,
la atención de las personas privadas de la libertad corresponde al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y al Gobierno Nacional.
Para el mandatario, asumir este gasto con recursos
municipales terminaría afectando las inversiones dirigidas a las comunidades
más necesitadas, los niños y la educación, por lo que insistió en que no es
justo destinar recursos propios para cubrir una responsabilidad que corresponde
al orden nacional.
