Por: Héctor Orlando Solano Novoa
Una discusión en el trabajo puede ser un hecho serio. Debe atenderse, investigarse y, si corresponde, generar decisiones. Pero cuando involucra a personas identificables y afecta su bienestar, convertirla de inmediato en un relato público exige una pregunta ética: ¿qué necesita saber realmente la ciudadanía y qué pertenece a la intimidad de quienes la vivieron?
Informar no da licencia para publicar nombres y detalles personales sin medir el daño que esa exposición puede causar. Tampoco para presentar a una de las partes como culpable antes de escucharla y esclarecer los hechos. El rigor exige verificar, distinguir hechos de versiones y dar a las personas el trato que quisiéramos para nosotros en un momento difícil.
Una institución debe actuar con diligencia y rendir cuentas cuando existe un interés público. Eso no significa que deba revelar información privada ni pronunciarse al ritmo de las redes sociales. Guardar prudencia mientras se adelanta una investigación puede ser una forma de proteger a todos los involucrados, siempre que esa investigación sea real, imparcial y oportuna.
También vale preguntarnos cómo se protege la independencia editorial cuando un medio busca relaciones comerciales con las instituciones sobre las que informa. La cobertura periodística y las decisiones de publicidad deben responder a criterios distintos, transparentes y libres de presiones.
Defiendo la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Precisamente por eso creo que debemos exigir más rigor, más humanidad y más responsabilidad. Detrás de cada publicación hay personas, familias y reputaciones que no se recuperan con la misma velocidad con la que se comparte una noticia.
