La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la proposición presentada por Milton Carreño para realizar un debate de control político sobre la extorsión rural en el Meta y evaluar la respuesta de las entidades responsables de combatir este delito.
Según las cifras expuestas por el congresista, entre enero y agosto de 2026 se registraron 438 casos de extorsión en el departamento. Cerca del 68 % se cometió mediante llamadas telefónicas y casi la mitad se concentró en los municipios de la Altillanura.
Durante su intervención, Carreño recordó el atentado contra dos empresarios de Granada que se negaron a pagar una extorsión. Advirtió que este delito no solo amenaza la vida y el patrimonio de las víctimas, sino que también golpea el empleo, la producción y la inversión regional.
“Desde el Congreso declaro a la extorsión rural enemiga de nuestros campesinos, comerciantes y productores. Exigiremos inteligencia, persecución criminal y resultados contundentes”, afirmó el representante.
El debate permitirá conocer las acciones y los resultados de las entidades competentes, así como definir una respuesta coordinada entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Meta, las alcaldías, la Fuerza Pública, la Fiscalía y los sectores productivos.
Carreño aseguró que esta iniciativa también busca respaldar las acciones adelantadas por la gobernadora Rafaela Cortés y fortalecer la intervención de las autoridades nacionales.
“El Meta está haciendo su parte. Ahora necesitamos que el Gobierno nacional actúe con toda su capacidad. Nuestra gente no puede seguir trabajando y produciendo con miedo”, concluyó.
