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La conmemoración de los 35 años tuvo lugar este 6 de julio en la Universidad Externado de Colombia, en el marco del Congreso Mundial de Derecho Constitucional.
La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, destacó la importancia histórica de este texto como fundamento del Estado Social de Derecho y de la democracia colombiana. La magistrada recordó el contexto de violencia e inestabilidad que vivía el país a finales de la década de 1980 y explicó que la Constitución de 1991 surgió como resultado de un proceso democrático, plural e incluyente impulsado por la ciudadanía, especialmente mediante la Séptima Papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente. Señaló que este proceso permitió construir un pacto de paz basado en la dignidad humana, la participación ciudadana y el reconocimiento de los derechos fundamentales.
Asimismo, destacó que el constitucionalismo colombiano ha contribuido a la inclusión, la igualdad y la justicia material, permitiendo que sectores históricamente excluidos encuentren protección efectiva mediante la justicia constitucional. Subrayó que la tutela y el control constitucional han sido mecanismos esenciales para limitar los abusos del poder, garantizar la separación de poderes y preservar el orden democrático.
Por su parte, el Rector de la Universidad del Externado de Colombia, Hernando Parra Nieto, en su discurso destacó que la Constitución Política de 1991 es un proyecto colectivo que refleja los ideales de libertad, igualdad, justicia y dignidad humana de la sociedad colombiana. Señaló que las promesas que aún no se han cumplido no representan un fracaso, sino una muestra de que la Constitución sigue vigente y continúa orientando los esfuerzos para construir un país más justo e incluyente.
Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, destacó que, durante los 35 años de vigencia de la Constitución de 1991, las instituciones colombianas han demostrado fortaleza al proteger la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho frente a distintos desafíos. Resaltó que la Constitución debe ser defendida y fortalecida, no reemplazada, y que todos los servidores públicos tienen la responsabilidad de respetar y proteger el orden constitucional.
En el cierre de la primera parte de la jornada, el exmagistrado Carlos Esteban Jaramillo Schloss recordó el papel fundamental que desempeñó la Corte Suprema de Justicia en el proceso que permitió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, destacando que la decisión se adoptó con patriotismo, responsabilidad y el propósito de fortalecer la democracia y el Estado de derecho.
Lecturas de la Constitución
Durante el evento académico se desarrolló una conversación entre la defensora del pueblo, una niña y una jueza de familia, centrada en el alcance del artículo 44 de la Constitución Política de 1991 y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Se explicó que el artículo 44 establece la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás, principio que ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Se resaltó que la Constitución ha evolucionado hacia una Constitución viviente, lo que ha permitido actualizar la interpretación de los derechos conforme a las transformaciones sociales.
De igual manera, otras tres ciudadanas hicieron énfasis en la lectura de la carta magna, en la que se destacó que el artículo 13 de la Constitución consagra el principio de igualdad y la obligación del Estado de adoptar medidas a favor de grupos históricamente discriminados. En este contexto, se subrayó el papel central de la Corte Constitucional como garante de ese mandato, al haber proferido numerosas sentencias orientadas a materializar la igualdad real para las personas LGBTIQ+, incluyendo decisiones sobre no discriminación, derechos de familia, educación, salud y protección frente a prácticas excluyentes.
Adicionalmente, se hizo referencia a la incorporación de los derechos de las personas con discapacidad al bloque de constitucionalidad, junto con la jurisprudencia de la Corte, que consolidó el tránsito hacia el modelo social de discapacidad, basado en el reconocimiento de la autonomía y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y se concluyó diciendo que la Constitución de 1991 ha permitido un avance significativo en materia de igualdad y reconocimiento de derechos, pero que su plena realización depende de la garantía efectiva de lo ya reconocido, evitando brechas entre el desarrollo normativo y la realidad social.
Del momento constituyente a la vigencia de la Constitución
El panel, conformado por los exmagistrados de la Corte Constitucional Cristina Pardo y Manuel José Cepeda, y el exconstituyente Juan Carlos Esguerra, destacó que la Constitución de 1991 fue el resultado de un amplio consenso político y ciudadano orientado a fortalecer la democracia participativa. Se recordó que su origen estuvo asociado a un proceso constituyente de carácter incluyente, expresado en el acuerdo político y en el voto ciudadano mediante una tarjeta electoral única, cuyo contenido sustantivo buscaba consolidar la participación democrática.
Los intervinientes enfatizaron que la Constitución no fue diseñada contra ningún sector político o social, sino como un pacto colectivo orientado a la protección de toda la población. En ese sentido, señalaron que, en distintos grados, la totalidad de los ciudadanos ha encontrado algún nivel de amparo en sus disposiciones. Se destacó, además, la noción de una “Constitución viva”, entendida como una construcción colectiva en permanente desarrollo. Este carácter dinámico ha sido posible gracias a la participación activa de la ciudadanía, especialmente mediante el uso masivo de la acción de tutela, lo que ha permitido la aplicación efectiva de los derechos constitucionales en la vida cotidiana.
