Más de 500 familias campesinas protegieron 7.573 hectáreas de ecosistemas estratégicos y recibieron más de $6.000 millones en incentivos económicos gracias al convenio de Pago por Servicios Ambientales (PSA) más grande ejecutado en la historia del Meta, una estrategia liderada por la Gobernación del Meta, en alianza con Cormacarena y Ecopetrol, que convirtió la conservación ambiental en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Durante
tres años, el convenio vinculó a familias de Acacías, Guamal y Villavicencio,
quienes suscribieron acuerdos voluntarios de conservación para proteger
bosques, nacimientos de agua y ecosistemas estratégicos que abastecen las
cuencas de los ríos Guayuriba y Metica, fundamentales para la seguridad hídrica
del departamento.
Como
parte del programa se realizaron 18 desembolsos de incentivos económicos por un
valor superior a $6.000 millones, recursos que permitieron fortalecer la
seguridad alimentaria, facilitar el acceso a salud y educación, además de
impulsar proyectos productivos sostenibles que mejoraron los ingresos y las
condiciones de vida de las familias beneficiarias.
El
convenio también fortaleció las capacidades de las comunidades mediante 18
jornadas de formación, en las que más de 700 participantes recibieron
capacitación en conservación de la biodiversidad, ganadería sostenible,
apicultura, aprovechamiento forestal, manejo de residuos, protección de fuentes
hídricas y uso de tecnologías para el monitoreo ambiental.
"Para
muchas familias este convenio representó mucho más que un incentivo económico.
Fue el reconocimiento a años de trabajo cuidando los bosques y una oportunidad
para fortalecer sus proyectos de vida sin renunciar a la conservación. Desde el
Gobierno de la Unidad estamos convencidos de que el trabajo articulado con las
comunidades es fundamental para consolidar un Meta más sostenible y competitivo",
afirmó Manuel Sánchez, secretario de Ambiente del Meta.
Los
resultados alcanzados permitieron conservar importantes coberturas boscosas,
proteger nacimientos y fuentes hídricas, favorecer la permanencia de especies
de fauna silvestre, impulsar procesos de restauración ecológica y disminuir las
presiones derivadas de la deforestación, la expansión de la frontera agrícola y
el cambio en el uso del suelo.
El
impacto también se reflejó en la transformación de las familias beneficiarias.
"Gracias a este proyecto logramos mejorar nuestra calidad de vida.
Pudimos construir unos galpones, adecuar un cuarto de máquinas y hacer
inversiones que antes eran muy difíciles para nuestra familia. Además,
aprendimos la importancia de conservar nuestros bosques y seguir cuidando el
territorio", expresó Rosa González, beneficiaria del programa en
Villavicencio.
Con la culminación de este convenio, la Gobernación del Meta consolida un modelo de conservación ambiental que deja un legado para el departamento, demostrando que la articulación entre el Estado, el sector privado y las comunidades rurales es una herramienta efectiva para proteger los recursos naturales, garantizar la seguridad hídrica y promover un desarrollo sostenible que beneficie tanto a las personas como a los ecosistemas.
