URT prioriza restitución para las familias desterradas por la masacre de Puerto Alvira, en Mapiripán (Meta)
El equipo Social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta se reunió con 40 familias desplazadas de la inspección de Puerto Alvira, Mapiripán, y que actualmente viven en Villavicencio, para socializarles la Ley 1448 de 2011. Durante la jornada, se dio a conocer la ruta de atención de la entidad y se revisó el avance de sus casos, brindando claridad y esperanza a quienes han sufrido por el conflicto.
A la fecha, la Unidad ha recibido 55 solicitudes de restitución provenientes de dicho territorio, la mayoría por cuenta de la masacre que ocurrió en Puerto Alvira. De estas, 21 están en la etapa de estudio formal. Asimismo, 11 demandas han sido llevadas ante los jueces de restitución, quienes ya han proferido dos sentencias a favor.
Deison Mayo Blanco, presidente de la Asociación de Campesinos Desplazados de Puerto Alvira, agradeció a la URT y al Gobierno del Cambio por despejar dudas sobre el proceso y empoderar a la comunidad en el conocimiento de sus derechos: “la asociación fue creada hace seis meses y está compuesta por 250 familias, de las cuales el 80% reside en Villavicencio. Destacamos la importancia de estos espacios informativos para abordar nuestras necesidades ante las entidades”.
Es importante recordar que Puerto Alvira ha sido marcada por la tragedia. En 1998 ocurrió la masacre que dejó huellas imborrables en su historia. El 4 de mayo, unos 200 paramilitares llegaron a la vereda, también conocida como Caño Jabón, en vísperas de cumplirse un año de la primera masacre en Mapiripán. Sacaron de las casas a los habitantes del sector y luego, con lista en mano, asesinaron en el parque principal a más de 20 personas.
En declaraciones de Justicia y Paz, el cabecilla paramilitar y hoy gestor de paz Salvatore Mancuso, al momento de aceptar su responsabilidad penal por estos hechos, indicó que el objetivo era masacrar a la comunidad en Caño Jabón y no en el casco urbano de Mapiripán, para obtener control territorial.
La mayoría de la población se vio obligada a abandonar sus tierras y a desplazarse a otros sectores del departamento del Meta, con ayuda de la Cruz Roja Internacional. Hoy, con el apoyo del Gobierno del Cambio, las víctimas del desplazamiento, despojo y abandono forzado de tierras, buscan construir un futuro más esperanzador para sus familias.
