Quince días de protesta contra el peaje, ¿El Gobierno Petro de qué lado está?
Autor: David Mora, Economista, Mgtr Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional, analista económico y docente universitario.
El viernes 2 de agosto, al día siguiente del segundo aumento en el año de las tarifas de los peajes en todo el país, las comunidades de Restrepo, Cumaral y veredas de Villavicencio realizaron su segundo planton pacifico contra el peaje de Puente Amarillo, esta vez, para instalarsen por largo tiempo protestando en el punto del peaje.
Las razones de la protesta han sido expuestas en dos columnas anteriores, desde el punto de vista económico, como elemento principal, por el enorme impacto negativo que genera la ubicación del peaje al bolsillo de los habitantes y a la economía de la zona y, desde el punto de vista jurídico por el entramado de irregularidades históricas y legales que rodean la instalación de un “peaje” que nació y murió siendo un pontazgo.
Han pasado más de 15 días desde el inicio de la protesta. Esta se ha desarrollado de forma masiva con carácter pacífico y cultural, contando con el levantamiento constante e indefinido de la vara para que ningún vehículo pague el abusivo peaje. También se han realizado cierres intermitentes, bailes, juegos pirotécnicos, aeróbicos, presentaciones de artistas locales y demás actividades culturales y pedagógicas que han generado la apropiación del punto del peaje por parte de la comunidad como símbolo de resistencia.
Son cientos de ciudadanos, de todas las edades y sectores sociales, los que se acercan a diario al peaje para colaborar con las actividades y tareas cotidianas. Desfilan con banderas y colores patrios los seminaristas, las víctimas del conflicto, los trabajadores, los docentes y estudiantes de colegios públicos y privados. En general son familias enteras llenas de esperanza y dignidad.
La comunidad se organizó en comités que resuelven desde la alimentación diaria comunitaria en un improvisado fogón de leña hasta los turnos nocturnos de los valientes guerreros y guerreras que pasan la noche vigilando que la vara del peaje permanezca arriba de forma definitiva y para siempre, como debe ser. Es impresionante la dignidad y valor civil que se respira.
En el transcurso del día también llegan los aportes solidarios de los empresarios y productores que mantienen surtido el punto. Llega agua, hielo, gaseosa, café, pan, leche, leña, chorizos y todo tipo de alimentos perecederos para garantizar el menú del día.
El éxito de la protesta radica en la creciente organización desarrollada alrededor del Comité Cívico constituido y a la amplia unidad generada entre los municipios, todo aquel que sume es bienvenido. Se ha logrado contar con el apoyo de prácticamente el 100% de la población, así como explicar la naturaleza económica del problema y centralizar la información entregada a la comunidad para bloquear la desinformación.
A pesar del ejemplo nacional que ha dado la protesta, lo único que han recibido los manifestantes por parte del Gobierno Nacional son intimidaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presionando a los alcaldes para que intervengan la protesta y, del Ministerio de Transporte un total desinterés.
Incluso las instituciones nacionales han permitido abusos de la concesión Covioriente que de forma atrevida instó a la Gobernadora del Meta a intervenir la protesta pacífica y fue más allá, al reconocer que de forma ilegal y temeraria que están perfilando a los manifestantes poniendo en riesgo su integridad. Hechos que deben ser investigados por las instituciones y judicializados los responsables de estos actos ilegales.
Los manifestantes solo han contado con la voluntad de la Defensoría y de la Procuraduría departamental. Ambas instituciones abrieron el día 12 de agosto un canal de diálogo con la ANI, Ministerio del Transporte y Covioriente, donde no se llegó ni al simple acuerdo de establecer una mesa de concertación por falta de voluntad de los delegados del Gobierno Nacional, que literal, no sabían ni donde estaban parados.
Ante la falta de solución, la protesta pacífica y cultural se fortalece a diario. Los habitantes profundizan en la comprensión del problema y se siguen preguntando, sin encontrar respuesta nacional, por qué deben pagar de sus bolsillos más del 45% del recaudo anual de los tres peajes (serán cinco peajes) establecidos para 266 kilómetros del proyecto, si ellos solo se benefician de menos de 30 kilómetros de doble calzada.
A la fecha la ANI y el Ministerio de Transporte insisten en la escueta e inconveniente propuesta de tarifa diferencial mientras las comunidades han demostrado la necesidad y viabilidad de retirar el peaje. Han preferido pagar a la fiducia, que garantiza el negocio a la concesión de Sarmiento Angulo, más de $1.200 millones de pesos debido a los días de protesta sin pagar el peaje, en vez de atender el justo reclamo de la comunidad; y todavía algunos se preguntan, ¿el Gobierno Petro de qué lado está?
