Procuraduría urge soluciones para comunidad indígena desplazada en antiguo hospital de Meta

La Procuraduría General de la Nación instó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a encontrar soluciones para la crítica situación que enfrentan 23 familias de la comunidad indígena Zaragoza 5, del pueblo Jiw, que viven en el antiguo hospital de Puerto Concordia, Meta, desde hace nueve años.

Con el objetivo de encontrar una solución para estas 74 personas albergadas en un lugar que carece de habitabilidad y no permite el ejercicio de sus usos y costumbres, el Ministerio Público solicitó a la UARIV informar las acciones que ha realizado para garantizar el acceso de la comunidad al Registro Único de Víctimas (RUV).

Igualmente, le preguntó si cuenta con predios disponibles en el Fondo para la Reparación de las Víctimas destinados a comunidades étnicas en la zona y, en caso afirmativo indicar el procedimiento que debe adelantarse para solicitar la asignación a la población étnica víctima.

Finalmente, requirió información sobre la viabilidad de una oferta voluntaria de predios presentada por la Personería Municipal, en la que se propone reubicar a la comunidad en la vereda Palomas. La Procuraduría reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y aseveró que espera una respuesta institucional coordinada, oportuna y culturalmente pertinente.