Judicial

Procuraduría alerta sobre la ejecución de $ 3,3 billones por medio de 19 “contrataderos”

La Procuraduría General de la Nación requirió a 19 entidades, que son conocidas popularmente como “contrataderos” para que informen sobre la ejecución de $ 3,3 billones provenientes de 918 convenios interadministrativos.
El ente de control investiga si estas organizaciones tenían la experiencia e idoneidad para ejecutar los respectivos proyectos y si se adelantaron procesos de contratación con normas de derecho privado, seleccionando proveedores por medio procedimientos de competencia restringida e incluso contrataciones directas, excluyendo a posibles competidores o presuntamente incumpliendo los principios de la función administrativa. 
Dentro de las entidades requeridas por el Ministerio Público se encuentran las siguientes:
NRO. Contratista Número de contratos/convenios Valor total
1 Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín – EDU 67  $    1.050.063.356.643
2 Asociación De Municipios Del Urabá Antioqueño – ASOMURA 128  $       643.248.033.909
3 Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESO 108  $       358.101.352.409
4 Agencia de Desarrollo Local de Itagüí – ADELI 28  $       259.485.667.305
5 El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecun 64  $       201.489.606.032
6 Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó 34  $       168.426.924.500
7 Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado -DESUR 40  $       147.034.454.168
8 Edunorte | Desarrollo Urbano Rural Municipio De Bello 9  $         96.498.805.714
9 Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja – EMDUCE 81  $         78.929.161.618
10 Empresa Autónoma de Guatapé 102  $         68.439.564.972
11 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU 1  $         65.059.802.328
12 Asociación de Municipios Solidarios y Sostenibles – AMUSSIM 116  $         49.186.393.784
13 Fundación Universidad del Valle 31  $         40.780.833.748
14 Promueve + 6  $         30.697.910.387
15 Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla SUMAR 42  $         29.310.457.637
16 Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU E.I.C 13  $         16.796.395.030
17 Impretics IECE – Imprenta Departamental del Valle del Cauca 17  $         13.233.371.087
18 Asociación de Municipios de los Sures –  «ASOSURES» 27  $          6.344.222.121
19 Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquía -EDUNA 4  $          2.219.188.959
  Total 918  $  3.325.345.502.351
Cuadro 1
La información recaudada por el ente de control permitió establecer de las 19 entidades denominadas “contrataderos” 11 están ubicadas en Antioquia. Cuatro de esas empresas registran los valores más altos de este tipo de contrataciones con 331 contratos que superan en su conjunto los $2.3 billones (ver cuadro 1).
Se advierte además que la mayoría de estos 918 convenios interadministrativos fueron suscritos con alcaldías municipales de diferentes regiones del país. 
Así mismo, el Ministerio Público busca establecer si por medio de la celebración de estos convenios, las entidades, en especial las del orden territorial, obviaron la obligatoriedad de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente.
La Procuraduría encontró también que 95 convenios suscritos por cinco alcaldías de ciudades capitales por más de $ 595 mil millones, y 17 celebrados por cinco gobernaciones que superan los $ 54 mil millones.
Dentro de las alcaldías y gobernaciones que fueron identificadas  con mayor número de convenios se encuentran las siguientes:
ALCALDÍA CONVENIOS MONTO
Alcaldía de Cali, Valle del Cauca 61 $ 70.810.599.865
Alcaldía de Medellín, Antioquia 28 $ 520.314.655.682
Alcaldía de Cartagena de Indias, Bolívar 2 $ 2.265.519.000
Alcaldía de Valledupar, Cesar 3 $ 1.894.528.601
Alcaldía de Riohacha, La Guajira 1 $185.952.375
TOTAL 95 $ 595.471.255.523
GOBERNACIÓN CONVENIOS MONTO
Gobernación de Cundinamarca 8 $17.288.859.549
Gobernación de Caldas 6 $ 30.697.910.387
Gobernación de Antioquia 1 $254.257.613
Gobernación de Bolívar 1 $ 817.717.070
Gobernación de Córdoba 1 $ 5.370.584.525
TOTAL 17 $54.429.329.144

En el marco de esta actuación preventiva, la Procuraduría realizará mesas de seguimiento y de control de gestión con las entidades contratantes y contratadas con el fin de vigilar la ejecución del presupuesto público y realizar las advertencias a las que haya lugar con el fin de mitigar riesgos de gestión pública.​

De otra parte, el Ministerio Público exhortará al Gobierno nacional para que se presente un proyecto de ley que reglamente la contratación entre entidades públicas a efectos de que garantice el cumplimiento de los principios orientadores de la contratación pública.​

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