¿Por qué protestan contra los peajes del Meta?

Autor: David Mora, Economista, Mgtr Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional, analista económico y docente universitario.

El departamento del Meta tiene ocho peajes y la mitad de estos se encuentran con protestas constantes; tres con la vara arriba y plantones pacíficos en el punto de cobro y uno con levantamiento de la vara por días, de forma intermitente. Los otros cuatro funcionan con normalidad, no por falta de rechazo social sino por falta de organización social.

Son tres las concesiones viales: Coviandina, Covioriente y Concesión Vial de los Llanos, dirigidas por grandes conglomerados financieros, que cuentan con al menos un peaje dentro del Meta. Estos peajes recaudaron en 2023 más de $287.000 millones de pesos.

Fuente: Datos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Cálculos de David Mora.

Además del enorme recaudo de los peajes, las concesiones cuentan con muchas irregularidades técnicas y jurídicas que explican el descontento ciudadano.

Un buen ejemplo es lo que padece Villavicencio, la ciudad capital, que se encuentra secuestrada en todos sus accesos por peajes. No extraña entonces que tres de los peajes en protesta estén ubicados en los ingresos de la ciudad que es el centro del abastecimiento, provisiones, acceso a educación superior y a salud desde mediana complejidad y demás servicios esenciales para el bienestar de los habitantes y el progreso económico de los territorios.

Concesión Vial de los Llanos – Grupo Argos

Tres de los cuatro peajes en protesta pacífica hacen parte de los cinco peajes vigentes de la Concesión Vial de los Llanos propiedad de Odinsa que a su vez es propiedad del conglomerado financiero del Grupo Argos.

La concesión surge con el contrato de asociación público privada (APP) de iniciativa privada (IP) número 004 del 5 de mayo de 2015, con el objetivo de construir dos tramos viales, Granada-Villavicencio-Puerto López-Puerto Gaitán y Conectante Catama-Puente Amarillo.

Un año y siete meses después de firmado el contrato, “empieza cristo a padecer”. El 1 de diciembre de 2016 la concesión demanda a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitando un cambio en las variables macroeconómicas del proyecto debido a la caída del precio del petróleo lo que disminuyó el tránsito de carga por varios de los peajes afectando así el recaudo del proyecto.

El 28 de febrero de 2019 el Tribunal de Arbitramento niega la demanda e inicia proceso de negociación entre la Concesión  y la ANI para redefinir el alcance y valor del proyecto. Es hasta el 8 de enero de 2021 con la firma del otrosí número 10 que por fin se llega a un acuerdo y se “destraba” el proyecto. Pero solo hasta el 16 de junio de 2022 se firma el acta de inicio de la fase de construcción, es decir, pasaron siete años, un mes y once días para que iniciaran las obras de verdad, verdad.

La firma del otrosí 10 le mejoró el negocio a la concesión contra las comunidades, debido a que recortó el alcance, amplió la fecha de finalización del contrato, mantuvo el jugoso recaudo y estableció un millonario valor del contrato.

El proyecto inicial era de 354 km, con once unidades funcionales (UF), con seis peajes de recaudo y $3,2 billones de valor contractual y con el otrosí 10 pasó a 267 km de construcción, con tan solo seis UF, manteniendo los seis peajes de recaudo y recortó el valor del contrato a $1,58 billones pero amplió hasta el 9 de junio de 2045 la finalización de la concesión. Se paga más por menos.

Durante los más de siete años previos a la firma del acta de inicio de la construcción de las obras, que deberían terminar el 9 de junio de 2026, el proyecto recaudó vía peajes más de $475.545 millones a precios corrientes, más del 30% del valor total del proyecto. A precios de hoy, ese valor representa más de $648.300 millones que las comunidades pagaron en peajes, pero no se vieron beneficiadas por obras nuevas e importantes.

Fuente: Datos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Cálculos de David Mora.

En concreto, las comunidades pagaron durante el periodo en disputa unas tarifas de peajes de un proyecto de concesión IP pero lo único que recibieron fue la operación y mantenimiento de las vías construidas antes del inicio de la nueva concesión.

Es por eso que las comunidades de los municipios de Villavicencio, Acacías y Granada protestan contra los peajes La Libertad, Ocoa e Iracá respectivamente.

Las comunidades de Acacias y Granada exigen el retiro de los peajes de Ocoa e Iracá o como mínimo, la suspensión del cobro de todas las categorías, debido a que no están dispuestas a seguir pagando por una obra inconclusa que han pagado pero de la que no se han beneficiado.

En el caso del peaje La Libertad, las comunidades de los corregimientos 4 y 7 de Villavicencio exigen el traslado del peaje, ya que este, además de costoso se encuentra muy mal ubicado. El peaje aísla todo el corregimiento 4 de la ciudad y afecta a los trabajadores del corregimiento 7, que en su amplia mayoría trabajan de forma directa o indirecta en empresas relacionadas con el sector petrolero que se ubican al otro lado del peaje.

Covioriente – Grupo Aval

El cuarto peaje con plantón pacífico y cultural, es el peaje de Puente Amarillo, el cual completa más de 50 días de protesta sin ser resuelto su justo reclamo por parte del Gobierno Nacional.

Este peaje hace parte del proyecto vial Villavicencio-Yopal en el marco del contrato de concesión APP 010 de 2015 por valor superior a $3 billones, entregado a Covioriente propiedad de Corficolombiana que a su vez es propiedad del conglomerado financiero Grupo Aval.

El peaje cumple todas las condiciones jurídicas, técnicas y económicas para ser retirado como se demostró en columnas anteriores que adjunto en los links. En resumen es un peaje abusivo e ilegal.

Durante los 50 días de plantón pacifico y cultural, las comunidades de Restrepo, Cumaral y veredas de Villavicencio se han ahorrado más de $4.150 millones al no tener que pagar el peaje, un alivio para el bolsillo de miles de habitantes.

La comunidad lleva tres mesas de concertación con el Gobierno Nacional pero no han llegado a ningún acuerdo debido a la negativa del gobierno a dar solución de fondo.

La comunidad, por medio de sus voceros, ha demostrado que el peaje puede ser retirado modificando el contrato como se ha hecho con los peajes Trapiche y Loma Linda y también, ha demostrado que el cobro puede ser suspendido como se ha hecho con los peajes de Turbaco y Papiros, pero al gobierno solo le sirve que la comunidad siga pagando el peaje y acepte unas tarifas diferenciales “chichipatas” e injustas que lejos de resolver la problemática, la agrava.

Hasta el momento, solo la concesión Coviandina que, al igual que Covioriente es propiedad del Grupo Aval no cuenta con protesta en el peaje Pipiral,el más costoso del país. Pero sobran y han sobrado razones para protestar contra los históricos abusos de la concesión como se ha evidenciado en columnas anteriores.

Es claro que son justos los reclamos de las comunidades en contra del abuso de las concesiones viales y sus costosos peajes. Por eso generó tanto rechazo, pero no sorpresa, las declaraciones de Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura al tildar de “politiquería”  las protestas comunitarias. Seguro que Caicedo hizo la afirmación pensando en su bolsillo, pues él vive y come del “negocio, socio”.

Lo que sí ha generado sorpresa para algunos, es la posición del Gobierno Petro en todas las mesas de concertación con los comités de peajes en protesta, ya que ha dejado claro que cuidará los intereses de las concesiones y por eso no modificará, ni retirará, ni trasladará ningun peaje así como tampoco suspenderá los cobros de ninguna categoría. Con razón se preguntan en el Meta, ¿cuál era el cambio.