Peajes más caros, ¿nada que hacer?

Iniciamos el año 2025 como en gobiernos anteriores, con incremento en la tarifa de los peajes en todo el país. La diferencia está en que en menos de un mes se realizaron dos aumentos; el 1 de enero del 2,78% y el 16 de enero del 5,2%, sin mencionar que de mantenerse la resolución 202430400065055 del Ministerio de Transporte firmada a espaldas de los colombianos el 31 de diciembre de 2024, el 1 de abril habrá otro aumento por 1,86%. Un aumento superior al 10% en tres meses, negocio redondo.

En 2024, el recaudo estimado por todos los peajes concesionados fue de poco más de $4,9 billones (con doce ceros) con tráfico promedio diario mensual (TPDM) de 760 mil tiquetes de vehículos que pasaron por estos según datos de la ANI con cálculos del economista Andres Trigos. Manteniendo el tráfico constante, para 2025 los incrementos autorizados por el Gobierno Nacional a las concesiones, le costará a los colombianos cerca de $500 mil millones de pesos más que en 2024; plata que irá directo al barril sin fondo de los peajes.

Este incremento es un duro golpe al bolsillo de los colombianos que afectará varios sectores de la economía, pero de forma especial impactará el costo de los bienes y servicios que consumimos, porque al final de cuentas, los incrementos en las tarifas de los peajes se trasladan al consumo de los hogares afectando más a quien menos ingresos tiene. Por eso es que las tarifas de los peajes son como un impuesto de carácter regresivo.

La pregunta clave es, ¿el Gobierno Nacional puede hacer algo? Es cierto que los incrementos de las tarifas de los peajes quedaron pactados en los contratos firmados por gobiernos anteriores y que estos se materializan por medio de resoluciones que emite el Ministerio de Transporte. Pero también es cierto que el Gobierno Petro se hizo elegir proponiendo no más peajes, más baratos y con horas pico. Cosa que no ha cumplido y lo peor, no ha hecho nada por intentar cumplir.

Alguien dirá que congeló el incremento de los peajes al inicio de su gobierno y que eso es “prueba reina” de que sí ha intentado cumplir. Esto es un sofisma, puesto que al no modificar las normas lo único que hizo fue cambiar de bolsillo para pagar el incremento de las tarifas, pasando del pago directo de todos los colombianos al pago indirecto de todos los colombianos vía presupuesto nacional. Las concesiones nunca perdieron, perdió la nación al pagar $1 billón en compensaciones entre 2023 y 2024.

Por supuesto que cambiar las reglas de juego de todos los contratos de concesión firmados para hacer los “peajes más baratos” es inviable, acarrearía un enorme costo fiscal para la nación en compensaciones vía demandas que seguramente se perderán. Esto lo sabía el candidato Gustavo Petro, pero poco o nada le importó engañar a sus electores.

Es inaceptable que pasados dos años de gobierno no exista en el Congreso de la República ni un proyecto de ley de iniciativa del ejecutivo que limite tanto abuso de las concesiones viales a futuro. Ni siquiera existe un decreto reglamentario orientado a modificar y establecer las reglas de instalación e incremento en las tarifas de los peajes concesionados en adelante.

El gobierno del “cambio”, con su enorme fortín burocrático, no se ha tomado el tiempo de establecer un equipo técnico que verifique el cumplimiento de los contratos y que promueva la modificación de las condiciones leoninas de estos, algo que puede hacer en el marco institucional vigente, pero no se atreve.

La modificación de los contratos de concesión es el pan de cada día. Lo han hecho todos los gobiernos anteriores con todas las concesiones por medio de la ANI, eso sí, para beneficiar a los contratista en contra de las comunidades. Eso es lo que hay que cambiar, ¿por qué no se hace?

Por citar un ejemplo, a la Concesión Vial de los Llanos en el Meta le firmaron el otrosí 10 en 2021 el cual recortó el alcance inicial, disminuyó las unidades funcionales a construir y redujo a la mitad la inversión que debía poner la concesión al tiempo que, se mantuvo el número de peajes y los años de concesión. El resultado fue un proyecto demasiado abusivo, donde el 70% de lo recaudado en peajes se irá en espuma, operación y mantenimiento (OPEX) y tan solo el 30% será para construir nueva infraestructura vial (CAPEX). 

Teniendo las herramientas para parar el abuso de las concesiones y sus costosos peajes, el Gobierno Petro se ha limitado a simular “peleas” en público contra estas mientras en privado les mantiene el negocio, a las actuales y a las futuras. Además de incrementar las tarifas, anunció la instalación de 25 nuevos peajes y promueve la asignación de nuevas concesiones con el mismo carácter leonino de los gobiernos anteriores, como es el caso de la IP Conexión Centro en el eje cafetero y posiblemente el corredor vial Bogotá – Faca – Los Alpes en Cundinamarca.

Queda claro que hay mucho por hacer contra el abuso de los peajes, pero el gobierno del “cambio” no quiere cambio.