Notas Sueltas Mientras Tanto. LA JUSTICIA EN LLAMAS

“El dolor no se acaba,

se transforma en memoria.

Y la memoria, a veces,

es lo único que queda en pie entre las ruinas.”

Piedad Bonnett

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“¡No disparen, por favor, somos rehenes, soy el presidente de la Corte!”.

40 años después, aquel grito, pronunciado entre humo y metralla por el magistrado Alfonso Reyes Echandia, quedó suspendido para siempre en la memoria del país. Era noviembre de 1985, y el Palacio de Justicia ardía.

En su interior, entre pasillos oscuros y vidrios rotos, los magistrados buscaban una salida mientras las llamas se extendían y las ráfagas de ametralladora marcaban el pulso de una tragedia que duraría 28 horas. Afuera, la nación miraba en silencio cómo se consumía el símbolo más alto de la justicia colombiana.

Treinta años más tarde, cuando el gobierno se disponía a pedir perdón por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el expresidente Belisario Betancur escribió una carta pública que contenía una frase que revelaba su propia incredulidad: “Nunca pensé que algo así pudiera llegar a ocurrir.” Pero ocurrió. Y sigue ocurriendo en la memoria colectiva, cada vez que alguien menciona las palabras Palacio de Justicia.

De los muchos fantasmas que recorren la historia colombiana, esta tragedia fue causada por el acto terrorista del grupo guerrillero M-19 y la acción mal planificada de retoma por parte de las fuerzas militares y la policía nacional, con el consentimiento del Presidente de la República que tomó la decisión de no negociar «tras consultas con ex presidentes, ministros, y colegas en el continente».

El 6 y 7 de noviembre de 1985, veintiocho guerrilleros del M-19, irrumpieron por el sótano del palacio, asesinaron a los 2 porteros y tomaron como rehenes a 350 personas entre magistrados, empleados y visitantes. La operación denominada “Iván Marino Ospina – Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, decían era para juzgar al presidente Betancur por incumplir los acuerdos de paz del Hobo y Corinto. En realidad los guerrilleros que fueron financiados, parcialmente, por Pablo Escobar con dos millones de dólares y armas suministradas por Fidel Castaño, también incluía el compromiso de quemar los archivos sobre el tratado de extradición que analizaban los magistrados Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano, Manuel Gaona y Alfonso Patiño Roselli, todos asesinados.

El presidente Betancur aprobó el plan para la retoma del palacio, informado por el ministro de defensa Miguel Vega Uribe, pero aseguró haber ordenado salvar las vidas de los magistrados, los rehenes y los guerrilleros, para que tuvieran un juicio civil justo. Sin embargo, su instrucción no se cumplió y el plan “Plan Tricolor 83” se puso en marcha.

Adentro del Palacio, el humo, las explosiones y las balas apagaban las voces una a una. Afuera, helicópteros desembargaban policías heroicos en el techo y los tanques avanzaban, por la plaza de Bolívar, hasta romper las puertas de entrada con cañonazos y rockets. Nadie —ni el presidente, ni sus ministros— fueron informados exactamente de lo que estaba sucediendo en detalle. Y cuando el fuego terminó, el edificio era un esqueleto ennegrecido y los cuerpos de las víctimas estaban carbonizados.

Belisario Betancur, a diferencia de muchos otros presidentes, asumió la responsabilidad, aunque su orden había sido salvar las vidas. Dijo que quería justicia, no venganza. Pero no se le escuchó. A propósito, el entonces sobreviviente presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancourt, lo resumió con crudeza: “Nunca hubo intención del Ejército de rescatarnos, sino de provocar una masacre. Betancur perdió el control; los que mandaban eran los militares.”

El saldo fue atroz: según medicina legal, hubo 95 muertos entre civiles, militares y guerrilleros y 11 desaparecidos. De ellos, solo tres han sido encontrados. Una fue Cristina Guarín, la empleada de la cafetería que inspiró la obra La siempreviva de Miguel Torres, símbolo de una verdad que aún busca su nombre.

La CIDH concluyó que el Estado fue responsable por el uso excesivo de la fuerza y las desapariciones. Los oficiales de la retoma fueron condenados en diferentes instancias y cumplieron sus penas. Los guerrilleros que entraron, murieron casi todos; solo Clara Helena Enciso escapó, reapareciendo años después en México. Los militantes del M-19 fueron indultados. Posteriormente algunos murieron asesinados; otros ocuparon gobernaciones, alcaldías, ministerios, embajadas y curules. Uno llegó a la Vicepresidencia y otro a la Presidencia de la República.

Hoy, cuarenta años después, la historia se reviste de paradojas: el presidente de izquierda, Gustavo Petro fue militante del M-19, y su opositor más feroz, el expresidente de la extrema derecha, Álvaro Uribe, fue quien impulsó la ley que los indultó.

Pero más allá de las ironías políticas, queda la advertencia del exministro Carlos Medellín, hijo de uno de los magistrados asesinados: “Construir un país sin memoria es condenarse a que no cierren las heridas. Ondear la bandera del M-19 frente al Palacio de Justicia es una afrenta contra los magistrados asesinados y contra los sobrevivientes.”

En medio de las heridas en el cuerpo de nuestra sociedad, la memoria sigue ahí, como un rescoldo que no se apaga. Porque los guerrilleros no fueron héroes ni mártires: fueron terroristas. Y, como lo dijo alguna vez Antonio Navarro Wolff, también del M-19: “Reconozco que, por mucho perdón que pidamos, nunca será suficiente.”

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Fuentes:

Informe de la Comisión de la Verdad sobre la toma del Palacio de Justicia

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas