Más de 30.000 hogares han desistido de la compra de su vivienda nueva en el 2023.

Entre enero y octubre del 2023 se dejaron de vender 97.000 viviendas nuevas en Colombia, de las cuales 77.000 fueron viviendas de interés social (VIS). Así lo reveló el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, con base en los datos más recientes de Coordenada Urbana, el sistema de información del gremio.

Según el informe que el presidente dio a conocer en Medellín, en el marco del foro sectorial de la regional Antioquia, para octubre de 2023 las ventas de VIS acumularon 16 meses de caídas consecutivas. También se registró una pérdida en inversión de los hogares en el sector residencial que supera los $ 18,3 billones, lo que está impactando otros indicadores del sector. Por ejemplo, entre enero y octubre de este año las iniciaciones reflejan los efectos de la dinámica comercial: cayeron 27 %, nuevamente jalonadas por la VIS, donde disminuyeron 28,6 % y completan diez meses de contracciones consecutivas.

“Se espera que la tendencia a la baja en las iniciaciones se acentúe de acuerdo con lo observado en las ventas. Además, al profundizarse la contracción en la comercialización, en el proceso de construcción y en el inicio de nuevas obras, el valor agregado del sector y la creación de empleo se verán afectados”, explicó Herrera.

De hecho, durante el año, con corte a septiembre, el empleo desaceleró el ritmo mensual de generación de puestos de trabajo en el sector frente a lo observado hace un año y en la dinámica prepandemia, en el 2019. Esto impacta las industrias encadenadas a las edificaciones (despachos de cemento y producción de concreto, entre otros), así como la economía popular asociada al sector de la construcción (ventas minoristas, micronegocios).

Igualmente, el presidente de Camacol explicó que, en lo corrido del 2023, los desistimientos crecieron 83 %: “De los 33.000 hogares que renunciaron al sueño de comprar vivienda, 26.000 lo hicieron en el segmento VIS, donde los desistimientos crecieron 128 %, afectando a los hogares más vulnerables”.

Predial y Mi Casa Ya

El dirigente gremial también habló del reciente anuncio sobre el impuesto predial: “De momento, el Gobierno indica que 4,3 millones de predios rurales tienen avalúo inferior a 135 salarios mínimos. Estos son el 95 % de los predios rurales. En el área urbana, aproximadamente el 96 % de los predios tiene valor inferior a 135 salarios mínimos; sin embargo, esta es la foto de un catastro desactualizado, de manera que no es claro el impacto que la medida pueda tener sobre las finanzas municipales ni sobre los hogares”, dijo Herrera, quien insistió en que sí hay preocupación por el incremento en los topes de liquidación del impuesto predial, porque pueden desincentivar al sector.

Mi Casa Ya también estuvo en la agenda de Herrera, quien recordó que “si bien las asignaciones vienen equiparándose a la demanda acumulada, que corresponde a cerca de 76 mil viviendas terminadas adquiridas con la expectativa del subsidio, los desembolsos siguen muy por debajo de las asignaciones (aproximadamente la mitad, 36.579). Así mismo, aún no existe calce entre las coberturas a la tasa de interés y los subsidios familiares de vivienda a desembolsar en 2023”.

Esto se suma a que hoy el número de programas de subsidios es menor. Actualmente, Mi Casa Ya es el único programa al que pueden acceder los hogares para adquirir una vivienda nueva con ayuda del Gobierno Nacional. Mientras la meta para el periodo 2023-2026 es asignar 200.000 subsidios, entre 2019 y 2022 fueron asignados cerca de 349.000, sumando programas como las coberturas a la tasa para VIS y No VIS, el Semillero de Propietarios y Mi Casa Ya. Esto quiere decir que se reduce la cobertura de los subsidios de vivienda respecto al cuatrienio anterior.

Finalmente, el dirigente gremial recordó varias propuestas para la reactivación, entre ellas, revisar los niveles y las condiciones de asignación de subsidios y coberturas, agilizar los trámites para la asignación y desembolso del subsidio, implementar otros mecanismos de acceso a vivienda digna, impulsar la concurrencia de recursos de gobiernos municipales y departamentales, y reglamentar el Plan Nacional de Desarrollo”.