Judicial
Cargos a exgobernador de Amazonas por presuntas irregularidades en aprobación de conciliación por $354 millones
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra del exgobernador del Amazonas, Jesús Galindo Cedeño (2020 – 2023), y otros cuatro exfuncionarios de la administración del departamento, por presuntas irregularidades presentadas en la aprobación de una conciliación por un poco más de 354 millones de pesos.
Los otros afectados por el pliego de cargos son la entonces jefe de la Oficina Jurídica, Marledys María Navarro Mercado (2020 – 2021), y los exsecretarios de Planeación y Desarrollo Territorial, John Jairo Acuña Marín (2020 – 2022); Hacienda, María del Pilar Chuña Rivera (2020 – 2021), y Desarrollo Institucional, María Lilia Cardona Augusto (2020 – 2021), quienes junto con Galindo Cedeño conformaban el Comité de Conciliación departamental.
Los investigados son señalados de aprobar el pago de esa suma de dinero a la Unión Temporal Aseguramiento Amazonas, como parte de un anticipo adeudado, sin interponer algún tipo de condicionamiento pese a que los trabajos solo se ejecutaron en un 52 por ciento, los productos entregados presentaban falencias técnicas y los soportes documentales adjuntados en el proceso de conciliación no permitieron conocer el balance financiero real del contrato suscrito.
El órgano de control indicó que los entonces funcionarios pudieron vulnerar los deberes generales de los servidores públicos al impartir su voto individual y aprobar la propuesta conciliatoria, sin contar con los soportes documentales precisos para adoptar una decisión racional e informada y así evitar un riesgo para el patrimonio público.
Agregó que la función que desempeñaban como miembros del Comité de Conciliación Departamental les “imponía como deber primario precaver de manera más técnica, eficiente y oportuna una respuesta a una oferta conciliatoria que de entrada estaba mal formulada y carecía de los soportes respectivos para ser considerada favorablemente”, y así proteger el erario.
Por esos hechos, la Procuraduría sostuvo que los investigados habrían afectado los principios de responsabilidad, eficacia y economía de la función administrativa, y calificó su presunta conducta como una falta grave cometida con culpa grave.
