Siete asentamientos subnormales de Villavicencio reciben viabilidad para avanzar hacia su legalización

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El segundo Comité Técnico de Legalización de Villavicencio aprobó la viabilidad para continuar con el proceso de legalización de varios asentamientos subnormales de la ciudad, una decisión que abre paso a nuevas actuaciones técnicas y jurídicas orientadas al mejoramiento integral de estos sectores.

 

Esta reunión fue presidida por la secretaria de Planeación, Dayineth Duarte Sánchez, quien destacó la importancia de avanzar en estos procesos como una herramienta para generar mejores condiciones de vida para las comunidades.

 

Durante la sesión fueron analizadas las condiciones correspondientes a Calatrava del Campo, denominado Zonal 3 y 4, y a los asentamientos Guayabal 1, Guayabal 2, San Luis, Villa Suárez, Industrial y Brisas del Guatiquía, sectores identificados como zonas vulnerables de la capital del Meta.

 

“Son zonas muy vulnerables de la ciudad, pero el proceso de legalización implica bienestar para la comunidad, como ha sido la directriz del señor alcalde Alexander Baquero”, agregó Dayineth Duarte Sánchez.

 

Así mismo, la secretaria de Planeación indicó que, tras la viabilidad, el proceso continuará bajo la responsabilidad de la Dirección de Formalización para adelantar las actuaciones técnicas y jurídicas necesarias para la expedición del acto administrativo que establecerá los compromisos de las diferentes partes involucradas en el proceso.

 

Precisamente, Claudia Ballesteros, directora de la entidad, explicó que dentro de este proceso se realizan los levantamientos topográficos, la caracterización social y la cartografía que permite identificar la historia y necesidades de cada sector.

 

“Por último entregamos una resolución de legalización que será la hoja de ruta para definir las acciones a futuro sobre el territorio. No se trata solamente de entregar un documento, sino de desarrollar la estrategia de ‘Villavo Mejora’”, agregó la abogada.

 

Los estudios también permitirán definir una ruta de intervención social, ambiental y jurídica, con el fin de articular la oferta institucional y atender las necesidades identificadas en cada comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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