· La
Gobernación del Meta destinará más de $1.157 millones para ampliar el programa
de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), con el que proyecta beneficiar a más
de 470 familias que conservarán más de 6.900 hectáreas de bosque nativo en 15
municipios del departamento, protegiendo las fuentes hídricas que abastecen de
agua a miles de metenses. Los nuevos acuerdos voluntarios de conservación serán
suscritos durante julio de 2026.
Más de 470
familias rurales serán beneficiadas este año con incentivos económicos por
proteger los bosques que garantizan el abastecimiento de agua para miles de
habitantes del Meta, gracias a la ampliación del programa de Pagos por
Servicios Ambientales (PSA) que lidera la Gobernación del Meta como una
estrategia para conservar los ecosistemas estratégicos y fortalecer la
sostenibilidad ambiental del departamento.
Para la vigencia
2026, el Gobierno departamental invertirá $1.157.154.529 en la implementación
de 19 esquemas de Pago por Servicios Ambientales, que se desarrollarán en 15
municipios, permitiendo conservar más de 6.900 hectáreas de bosque nativo
mediante acuerdos voluntarios que serán firmados durante el mes de julio con
las familias beneficiarias.
“Esta es una
apuesta que demuestra que conservar nuestros bosques
y nuestros ecosistemas genera también un bienestar para nuestras comunidades
rurales. Seguimos
trabajando por un meta que protege su riqueza natural y garantiza este
patrimonio para las
futuras generaciones” indicó Manuel Sánchez Rodríguez,
secretario de Ambiente del Meta
Los recursos,
financiados con el porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación
establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, permiten reconocer
económicamente a los propietarios y comunidades que conservan áreas
estratégicas de recarga hídrica y abastecimiento de acueductos, promoviendo la
protección de servicios ecosistémicos como la regulación del agua, la captura
de carbono, la conservación de la biodiversidad y la protección del suelo.
La proyección
para 2026 fortalece una estrategia que la Secretaría de Ambiente viene
desarrollando desde 2021. Al cierre de 2025, la Gobernación había implementado
18 esquemas de PSA en 15 municipios, con 414 predios beneficiarios que
conservaron 6.826,10 hectáreas de bosque nativo, consolidando un modelo de
conservación que protege las fuentes hídricas y mejora la calidad de vida de
las comunidades rurales.
“Como
beneficiarios estamos aportando al futuro para nuestros hijos y nuestros
nietos, vienen generaciones nuevas a quienes podemos inculcarle el cuidado del
medio ambiente, de los recursos naturales, del agua. Y esta iniciativa que es
darnos un apoyo económico para beneficio de nuestras familias, pero también
nosotros aportar para conservación de nuestros bosques y las fuentes hídricas”
indicó José Alirio
Sánchez, beneficiario del municipio de El Dorado
Por su parte Mauricio Solano, beneficiario de Cubarral
indicó que: “En el día a día nos resulta muy difícil mantener una propiedad
y más en un municipio como el nuestro que tiene la gran mayoría de terreno en
reservas forestales, estos incentivos los usamos en el mismo mantenimiento de
nuestras propiedades y hace más llevadero los gastos que se necesitan para esta
labor de conservación”.
Uno de los
avances más representativos ha sido la vinculación de comunidades indígenas al
programa. En el municipio de Uribe fueron suscritos los primeros acuerdos
comunitarios con los resguardos Los Planes y Misak Nuevo Milenio, integrados
por 60 familias que actualmente conservan cerca de 1.619 hectáreas de bosque
estratégico para la protección de la bocatoma de la inspección de La Julia.
Los incentivos
económicos se entregan mediante acuerdos voluntarios de conservación suscritos
con cada familia participante, quienes se comprometen a preservar el bosque
presente en sus predios ubicados en zonas de recarga hídrica y de importancia
ecosistémica, contribuyendo a garantizar el suministro de agua para las
generaciones presentes y futuras.
Con esta inversión,
la Gobernación del Meta reafirma su liderazgo en la implementación de políticas
ambientales que convierten la conservación en una oportunidad para las
comunidades rurales, promoviendo un modelo de desarrollo que protege los
recursos naturales, fortalece la economía campesina y garantiza la seguridad
hídrica de los metenses.
