Durante la actuación administrativa, la SIC recopiló información documental, requirió información técnica a la constructora, analizó planos arquitectónicos y memorias de cálculo del proyecto, evaluó un informe técnico aportado por los denunciantes y realizó una visita de inspección administrativa al conjunto residencial, en la cual recaudó registros fotográficos y declaraciones de representantes de la copropiedad, propietarios y personal vinculado a la interventoría del proyecto.
Según la información recaudada, la autoridad evidenció situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, particularmente en relación con la seguridad de los inmuebles entregados a los propietarios y que, por lo tanto, podrían derivar en riesgos para la salud e integridad de los residentes y de la comunidad en general.
Dentro de las medidas adoptadas que deberá cumplir Amarilo S.A.S., entre los 5 y 20 días hábiles siguientes a la comunicación de esta orden, se encuentran:
Realizar una evaluación técnica y patológica integral del estado actual del conjunto residencial.
Elaborar un plan de trabajo derivado de los resultados de la evaluación técnica, que incluya un cronograma detallado de las acciones correctivas a ejecutar, los tiempos estimados de reparación y la identificación de las intervenciones que serán asumidas por la constructora, junto con su respectiva justificación.
Adoptar de manera inmediata las medidas preventivas de seguridad, señalización y aislamiento que resulten necesarias para mitigar cualquier riesgo inminente que pueda afectar la vida, la salud o la seguridad de los consumidores y transeúntes.
Informar a la SIC los resultados de la evaluación técnica, el plan de trabajo y las respuestas otorgadas a las PQR presentadas por la administración de la copropiedad desde el año 2024.
