La Procuraduría General de la Nación visitó a la Unidad Nacional de Protección -UNP- por la eventual provisión de más de seis mil cargos (6.000), los cuales fueron creados mediante el Decreto 020 del 15 de enero de 2026.
Durante la reunión con sus directivas, el Ministerio Público indagó sobre los procesos contractuales, modalidades de selección, requisitos, pliegos y exigencias contemplados por la UNP, entre ellos uno por valor de más 78 mil millones de pesos para la prestación del servicio de escoltas a personas protegidas en las zonas 1 y 2 del Programa de Protección.
Sobre el particular, el equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública planteó inquietudes sobre la reducción de programas de protección, dado que, de diez zonas existentes, el proceso en curso limitó su alcance a solo dos, las cuales tienen cobertura en la ciudad de Bogotá y en algunas poblaciones de los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.
En este sentido, el ente de control solicitó información a las directivas de la UNP sobre los argumentos técnicos, jurídicos, presupuestales y administrativos que sustentaron esta decisión.
Las acciones adelantadas por el Ministerio Público buscan identificar los riesgos asociados a estos procesos y promover la adopción de medidas orientadas a garantizar la continuidad del servicio de protección, el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal y la adecuada gestión del talento humano.
