La suspensión temporal de la tala de los árboles avalada
por las autoridades ambientales para la ejecución de las obras de la calle 35 o
avenida Catama, como consecuencia de varias acciones de tutela interpuestas por
grupos ambientalistas, comenzó a generar preocupación entre los comerciantes de
este importante corredor vial, quienes advierten que una prolongación de la
medida podría afectar sus ventas y retrasar una obra fundamental para la
movilidad.
“Estamos muy preocupados por la afectación económica que
podría generar una demora de dos o tres meses debido a los procedimientos
judiciales. Esperamos que las tutelas se resuelvan lo más pronto posible. Como
comerciantes estamos comprometidos en apoyar las acciones necesarias y también
queremos destacar que la constructora ha venido ejecutando el proyecto a buen
ritmo y con un excelente avance”, afirmó Rafael Domínguez, vocero de los
comerciantes de la calle 35.
Por su parte, el representante legal de la firma Global
S.A.S., ingeniero Óscar Barreto, explicó que las condiciones climáticas y la
suspensión de la tala han incidido en la programación de la obra.
“A pesar de las lluvias, que han afectado de manera importante
la ejecución del proyecto, la suspensión de las actividades de tala también ha
interferido en la programación. Actualmente tenemos un retraso de
aproximadamente 14 días en la ruta crítica del proyecto; sin embargo, gracias
al esfuerzo del personal y a los ajustes realizados en horarios y turnos de
trabajo, hemos logrado mantener el cronograma general”, señaló Barreto.
Tanto la constructora como los comerciantes consideran
que las acciones judiciales obedecen más a intereses de oposición política que
a preocupaciones ambientales. No obstante, manifestaron su confianza en que las
autoridades competentes ratifiquen la legalidad del proceso, teniendo en cuenta
que las autorizaciones ambientales fueron otorgadas conforme a la normatividad
vigente.
Además, recordaron que el proyecto contempla un plan de
compensación ambiental y que los árboles autorizados para tala representan un
riesgo para la comunidad y la infraestructura de servicios públicos instalada
sobre este corredor vial.
Entre tanto, la Administración municipal, a través de la
Secretaría de Infraestructura, confía en que los fallos judiciales permitan
reanudar las actividades y dar continuidad a la ejecución del contrato, con el
propósito de entregar la obra dentro del plazo previsto de 12 meses.
